Legítima Defensa y Uso Legítimo de la Fuerza: Claves Jurídicas para el Personal de Seguridad Integral Bajo el COIP

Uno de los aspectos más importantes para el personal de seguridad integral en el ejercicio de sus funciones radica en conocer con exactitud el marco jurídico aplicable ante situaciones límite, evitando responsabilidades penales derivadas de procedimientos indebidos.

Conocer con precisión qué permite la ley ecuatoriana, cómo opera la causa de justificación de legítima defensa y cuáles son las obligaciones legales inmediatas tras neutralizar una amenaza es fundamental para cualquier guardia u operador de seguridad.

El guardia de seguridad integral no porta un arma para hacer justicia por cuenta propia; la porta como una herramienta disuasiva y de última instancia para salvaguardar la vida humana bajo el amparo riguroso de la ley, explica el Ab. Jorge Eduardo Chango.

1. La Causa de Justificación: Legítima Defensa (Art. 33 COIP) El Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 33 que existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran de manera simultánea los siguientes tres requisitos:

Primer Requisito: Agresión Actual e Ilegítima La agresión debe ser real, inminente y contraria a derecho. No ampara el uso de la fuerza frente a provocaciones verbales, amenazas futuras o sospechas infundadas. La amenaza debe representar un peligro inmediato para la vida o la integridad de las personas bajo protección y resguardo.

Segundo Requisito: Necesidad Racional del Medio Empleado La ley no exige una igualdad simétrica de armas, sino una proporcionalidad racional entre la magnitud del peligro creado por el atacante y la respuesta defensiva del operador de seguridad. Si el agresor huye o ya se encuentra inmovilizado, cesa la agresión y cualquier acción armada posterior queda fuera del amparo legal.

Tercer Requisito: Falta de Provocación Suficiente Quien ejerce la defensa legítima no debe haber instigado ni provocado la situación de conflicto. El personal de seguridad debe mantener siempre una postura profesional, verbalización adecuada y control de emociones.

2. El Deber Legal de Actuación (Art. 30.1 COIP) Las reformas legales han fortalecido el principio del cumplimiento del deber legal para el personal de vigilancia legalmente autorizado. Este amparo está condicionado al cumplimiento estricto de las directrices operativas, la tenencia legal del permiso de armas correspondiente y la acreditación profesional vigente ante la autoridad competente.

3. Procedimiento en Aprehensión por Flagrancia (Art. 526 COIP) El artículo 526 del COIP faculta a cualquier persona particular —incluyendo a vigilantes y personal de seguridad— a aprehender a quien sea sorprendido cometiendo un delito flagrante. El procedimiento exige: - Entrega inmediata: la persona aprehendida debe ser entregada a la Policía Nacional de forma inmediata. - Integridad física: queda prohibido someter al aprehendido a agresiones físicas o tratos degradantes. - Entrega formal de evidencias: todo indicio material debe entregarse a las autoridades levantando el acta correspondiente para garantizar la cadena de preservación y autenticidad legal.

En los programas formativos de ORIONSEG Academy, la instrucción jurídica se enfoca en situaciones prácticas y análisis de casos reales para garantizar la actuación segura de cada egresado.